El 25 de
mayo se festejó el 203º
aniversario de la revolución de mayo. El oficialismo aprovechó la oportunidad para
festejar también la “década ganada”, en referencia a los diez años que lleva
como gobierno. La designación obviamente intenta reflejar que —a diferencia de
los magros resultados de la “década pérdida” de los ochenta— durante su gestión
se registró un importante progreso económico y social. La evaluación surge de
comparar la situación actual con la existente en 2002, cuando Argentina estaba
sumergida en lo peor de la crisis de la convertibilidad.
Me
animaría a decir que la mayoría de los analistas económicos discrepa con este
juicio. Cuesta encontrar hoy en Argentina a un/a economista que no trabaje para el estado y
pondere tan alto a la gestión económica. El grueso de la profesión prefiere más
bien hablar de la “década desperdiciada”. La percepción dominante es que los
errores de política han implicado crecientes costos de oportunidad, los cuales
se seguirán pagando hasta 2015, cuando un nuevo gobierno encause la economía. Comprendo
esta evaluación, pero me parece anacrónica. El problema de la economía
argentina ya no reside en la oportunidades que se pierden, sino en los
desequilibrios que se acumulan y en la crisis que se está incubando.
Déjenme empezar explicando la
situación que vivimos. Argentina transita un sendero estanflacionario
(estancamiento y alta inflación), encorsetada por una política económica basada
en controles a las importaciones y a la compra de dólares. Estas medidas se implementaron
para detener la fuerte caída de las reservas del banco central iniciada durante
los meses previos a la elección presidencial de 2011. Toda elección genera
incertidumbre, sobre todo en países como Argentina, con instituciones débiles e
historia de bruscas oscilaciones en materia de política económica. Es natural,
en esos contextos, que el público prefiera orientar su portafolio financiero
hacia opciones más seguras como activos externos (dólares). Pasada la elección y disipada la
incertidumbre, la demanda de activos externos debería ceder, salvo que algún
fundamento económico continúe desalineado. La percepción de la gente en 2011
era que la economía estaba cara en dólares, que la tasa de inflación mayor a la
de devaluación del peso acentuaba el atraso cambiario y que más temprano que
tarde el tipo de cambio tendría que corregirse al alza. La elección de octubre simplemente
funcionó como elemento coordinador de las expectativas de que la corrección
devaluatoria —por impopular— se haría luego de las elecciones. Previendo la
suba, la gente intentó anticiparse y comprar divisas antes de que subiera el
precio. Ni cultural, ni conspirativo; simple cálculo económico. Cuando Cristina
Fernández ganó las elecciones con el 54% de los votos, desapareció la
incertidumbre política pero el problema cambiario siguió inalterado por lo que
el exceso de demanda de dólares no se detuvo.
El gobierno podría haber
intentado corregir el exceso de demanda con una devaluación. Dado el contexto y
el modo en que se hubiera implementado, una devaluación hubiera acelerado la
inflación, reducido los salarios reales y contraído el nivel de actividad y empleo.
En otras palabras, la corrección del desalineamiento cambiario hubiera
implicado un ajuste del salario real y una caída del empleo.
Hago aquí una parada técnica que
puede irritar al lector progresista. En contextos como el de fines de 2011 en
adelante, la corrección a la baja del salario real —o lo que es igual, la
corrección al alza del tipo de cambio real (TCR)— no es cuestión de
preferencias ideológicas, sino el resultado del propio funcionamiento de la
economía. Un TCR bajo o apreciado significa que el nivel del salario real está
por encima de lo que soporta la economía, dada su productividad y el flujo de
financiamiento externo que recibe. En otras palabras, un salario real
excesivamente alto da lugar a un nivel de gasto que genera una necesidad de
financiamiento externo mayor al que los mercados financieros están dispuestos a
brindar. En situaciones como esta, hay mayormente dos opciones: o se logra dar
señales a los mercados de que el financiamiento del gasto doméstico es
razonablemente seguro y aumentar así la entrada de capitales; o se tiene que
reducir el gasto vía una devaluación y caída del salario real. No se puede gastar lo que no se tiene, ni lo que no le prestan.
Desprovisto de la posibilidad de
conseguir financiamiento externo e ideológicamente en contra de cualquier tipo
de ajuste, el gobierno optó por una tercera opción: la implementación de
controles. El problema es que éstos no solucionan el problema original del
atraso cambiario. Al tipo de cambio oficial vigente y sin restricciones a la
compra de divisas, el banco central sufriría una pérdida sostenida de reservas,
que lo forzaría finalmente a devaluar. En otra nota, llamé a la estrategia del
gobierno macroeconomía
populista, la cual típicamente se basa en controles en los mercados de
bienes y cambiario que procuran evitar el ajuste de salario real y la corrección
del TCR. La motivación puede ser moralmente justa; el problema es que los
controles no sólo no corrigen el desequilibrio de base, sino que lo exacerban,
haciendo que la corrección se dé en forma de crisis con costos políticos,
sociales y económicos mayores a los que se querían evitar. Habiendo pasado un
tiempo desde que escribí aquella nota, creo que la crisis es inevitable.
En primer lugar, tengo la
impresión de que el gobierno no es consciente del problema. Es sabido que la
conducción de la política económica recae en la presidente. Sin ánimos de
ofender, la presidente no sabe de economía. A juzgar por sus declaraciones
recientes, tampoco creo que los funcionarios económicos perciban el problema. A
lo largo de esta década, se ha escuchado con insistencia el aforismo que reza:
“este gobierno subordinó la economía a la política”. El marco conceptual detrás
de esta máxima concibe al funcionamiento de los mercados más bien gobernado por
acciones estratégicas y/o conspirativas de corporaciones, que por decisiones descentralizadas de
individuos dispersos. Difícilmente pueda comprenderse el desequilibrio
macroeconómico actual a través de estos lentes.
Aún cuando el gobierno cayera en
cuenta de los peligros que enfrentamos, dudo que intente resolverlos. El ajuste
del gasto privado —y del sector público, si se quiere corregir también el
despilfarro de los subsidios al consumo de transporte y energía de las clases
media y alta— será muy impopular. ¿Cómo creer que el gobierno lo vaya a hacer
ahora, cuando empieza el ocaso de su poder político, si no estuvo dispuesto a
hacer un ajuste inferior, después de ganar las elecciones con el 54% de los
votos, con 37 puntos de distancia respecto al opositor más votado y con el
margen de 4 años de gobierno por delante? ¿Cómo esperar un ajuste de un
gobierno que se cansó de descalificar a los gobiernos precedentes, al de los de
Estados Unidos y los de Europa por practicarlos? ¿Cómo esperar un ajuste de un
gobierno que construyó una identidad política en base a su rechazo?
Pero démonos una chance e imaginemos,
por último, el improbable caso en que el gobierno reconozca el problema e
intente resolverlo. ¿Podría evitar un
ajuste caótico? Economistas que merecen todo mi respeto sostienen que el TCR no
necesariamente está apreciado y que, por lo tanto, el ajuste del salario real y
el gasto privado es evitable. Su argumento es que con el actual nivel de TCR,
sin restricciones a las importaciones y con un ritmo de crecimiento razonable
(4%), Argentina tendría un déficit de cuenta corriente moderado (2-3% del PIB).
Dados los fundamentos macroeconómicos —bajos niveles de deuda externa y
pública, altísimos términos de intercambio y bajísimas tasas de interés
internacionales— un déficit externo de ese orden sería fácilmente financiable si el gobierno siguiera una política
económica más convencional. No tengo dudas de que con un gobierno que respete y
proteja los derechos de propiedad, no altere las estadística públicas, propicie
subas salariales acordes con las ganancias de productividad, maneje la política
fiscal prudentemente y designe a un banco central que mantenga tasas de interés
reales positivas y tenga una verdadera vocación de controlar la inflación, no
habría dificultades para financiar un déficit de cuenta corriente de 2-3% del
PIB. Dicho de otro modo, si se piensa a la Argentina con sus actuales
fundamentos macroeconómicos y conducida por un gobierno no muy distinto de los
de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, la situación sería muy similar a la
de estos países; vale decir, estaríamos preocupados por cómo detener la
apreciación nominal del peso en vez de su depreciación. En tal escenario, los
problemas macroeconómicos no serían el ajuste y la crisis, sino cómo ordenar
gradualmente la cuentas publicas y reducir la inflación manteniendo el nivel
del TCR en los niveles actuales. La pregunta clave es: ¿puede el gobierno de
Cristina Fernández desandar su derrotero populista y virar hacia una
orientación similar a la de sus pares latinoamericanos? Me cuesta imaginar un
escenario en el que aún con voluntad, el gobierno pueda encarar semejante
transformación de manera creíble.
Sólo para ilustrar las
dificultades que un cambio como ese implicaría, advierto que entre sus primeras
medidas el gobierno debería normalizar el INDEC y cambiar al equipo económico.
Un país que pretende acceso al financiamiento externo necesita tener estadísticas
confiables y un equipo económico que goce de una credibilidad que el actual ya carece. ¿Estaría dispuesto
el gobierno a menos de dos años de terminar su mandato y jaqueado por denuncias
de corrupción a pagar el costo político adicional de admitir que desde 2007 las
estadísticas oficiales subestiman la inflación y sobrestiman el PIB
sistemáticamente y por amplio margen? ¿Cuántos profesionales estarían
dispuestos poner en juego su prestigio profesional y aceptar la invitación de
una administración que se ha caracterizado por degradar el conocimiento técnico
y el poder de decisión de sus funcionarios? ¿Quién aceptaría ser parte de un
gobierno del que fue crítico y que sólo cambia forzado por las circunstancias y
con la esperanza máxima de evitar una crisis? ¿Cómo sería la gobernabilidad?
¿Cómo se comportaría la oposición peronista y no peronista? ¿Cuán creíble
serían las nuevas medidas de un gobierno en ese contexto?
El análisis de estos escenarios
me lleva a pensar que el gobierno seguirá por la senda en la que está metido,
cuyo destino es una crisis devaluatoria. Dejo para otra nota una descripción
más precisa de cómo se desarrollaría. Demasiadas malas noticias por hoy.